Columna de opinión del secretario general, Camilo Escalona, en Cooperativa.   Ante el indulto presidencial a un grupo de condenados por diferentes acciones durante el estallido social y de un exmilitante del FPMR, se generó una oleada de violentísimos ataques al Presidente Boric, favorecidos por graves yerros en la toma de la decisión que llevaron el sábado a la renuncia de la ministra de Justicia. Naturalmente, el indulto provocó expresiones de legítimo desacuerdo tanto de académicos, juristas y figuras políticas, no sólo de oposición sino que también en las filas oficialistas, ello no sólo era previsible sino que inevitable, dado que la decisión en si misma producía explícitas discrepancias desde que fue anunciada. Sin embargo, la derecha tradicional y los grupos ultraconservadores se han entregado a un desenfreno retórico denostando al Presidente de la República, atacando al Gobierno y anunciando diversas acusaciones constitucionales en contra de ministros de Estado que están más expuestos o que consideran más vulnerables por el difícil desempeño en sus carteras. Asimismo, deslegitiman la acción política y agravan odiosamente el menoscabo a los partidos y fuerzas populares organizadas, se presentan como ajenos a la política, pero bloquean y desautorizan la legitimidad del régimen democrático, animando e incitando las prácticas confrontacionales de los grupos de ultraderecha que propician una situación insostenible. El sector extremista de la derecha amenaza incluso con una acusación constitucional al Presidente Boric en clara demostración qué hay exaltados que no trepidan en recurrir a la ingobernabilidad del país con el objetivo de saciar el revanchismo de sus descontrolados y exaltados elementos, aquellos definitivamente irracionales y fuera de control. En la derecha, cínicamente, se muestran preocupados por el aumento del populismo autoritario de rasgos neofascistas, pero en los hechos ayudan a su crecimiento atacando la política democrática, así debilitan la gobernabilidad del país. Es claro que están en la oposición y no tienen que compartir las decisiones presidenciales, además se sabe de antemano su discrepancia, pero el clima de polarización que generan no puede sino que interpretarse como un menoscabo arrogante y soberbio hacia el Presidente y un desprecio hacia la estabilidad democrática del país. Sin embargo, en las filas de la alianza de gobierno que apoya al Presidente Boric parece que se subvalora esta situación, porque proliferan polémicas estériles y es insuficiente la preocupación por apoyar la acción gubernamental y las tareas sociales, económicas e institucionales que está realizando. Hay que hacer un esfuerzo real de diálogo y entendimiento de las fuerzas que apoyan el Gobierno y están comprometidas con la estabilidad democrática, de lo contrario lo que parece improbable puede pasar a ser probable y una propuesta populista y autoritaria gane terreno en el mundo popular. No hay que pelear por una coma más o menos, hay que construir unidad en la diversidad para lograr la mayoría requerida para avanzar en las transformaciones que Chile necesita. Camilo Escalona Medina, secretario general del Partido Socialista de Chile.

Columna de opinión del secretario general, Camilo Escalona, en Cooperativa.   Luego de la firma del documento “Acuerdo por Chile”, suscrito con el objetivo de retomar el proceso constituyente hacia una nueva Constitución, muchas opiniones llenaron las redes sociales y la preocupación de los columnistas. A la ultraderecha no le gustó el compromiso suscrito porque su pretensión es que la Constitución del ’80 quede sin cambio alguno, inmutable para siempre. Uno de sus diputados dijo que era “un triunfo del PC”. Son fanáticos que en el Parlamento mezclan ignorancia con improperios, hablan como si Stalin estuviera vivo y en Rusia aún imperara el sistema comunista, tales acólitos del pinochetismo defenderán esa nefasta herencia hasta el final de sus vidas. No obstante, la derecha civil sabe que la Constitución del ’80 se agotó y que eternizarla a todo evento puede ser un error garrafal, pero actúa condicionada por la fuerte presión del lumpen de ultraderecha, ante ello se decidió a formar parte del “Acuerdo por Chile” dando prueba de su conservadurismo frente al extremismo conservador instalando verdaderos enclaves autoritarios, los que constituyen severas restricciones al ejercicio de la soberanía popular en el proceso constituyente. Esos cerrojos se orientan a hipertrofiar el rol de la Comisión de Expertos y sesgar la interpretación de los 12 criterios que son base del acuerdo político, también a sobrevalorar el llamado Comité Técnico de Admisibilidad, cuyas funciones podrían llegar a coartar severamente el trabajo constitucional a desarrollar. Por eso, hay que poner mucha atención a su composición. Por su parte, desde su diversidad, las fuerzas de gobierno apoyan la reposición del proceso constituyente y la formación del Consejo Constitucional electo en su totalidad, en esa decisión el llamado que hiciera el Presidente Boric fue determinante, no hubo euforia sino que responsabilidad ante el llamado del jefe de Estado, más allá del contenido literal del documento suscrito. Así también, en la alianza de gobierno se remarca el valor histórico y moral que tendrá la definitiva supresión de la Carta Fundamental impuesta por Pinochet a gusto de la derecha neoliberal, recurriendo al más siniestro uso del terrorismo de Estado. Así, los partidos y movimientos populares de izquierda siguen bregando, en el complejo escenario post plebiscito, tras el objetivo de garantizar una nueva Constitución para Chile. No rendirse ni renunciar, esa es su voluntad. Naturalmente, desde la ultra izquierda y personas afines descalifican el “Acuerdo por Chile”, olvidan que el origen de sus debilidades radica en la severa derrota política y electoral sufrida en el plebiscito del 4 de septiembre y no asumen las consecuencias de haberse cancelado las conversaciones sin acuerdo, es decir, que se habría generado la perpetuación de la Constitución del ’80 sin fecha de término en el horizonte. En esos grupos es habitual olvidar cómo el infantilismo en la Convención Constitucional trajo estas deplorables consecuencias y siguen sin hacer la más mínima autocrítica. Esa vez se generó un texto incapaz de obtener mayoría y se practicó una conducta inoficiosa, maximalista, que hizo fracasar una ocasión irrepetible, no se estuvo a la altura histórica de la tarea y algunos se dieron todo tipo de “gustitos”, los que pulverizaron la mayoría obtenida en el primer plebiscito, en octubre del 2020, revirtiéndose la situación hacia el 62% vs. 38% del último plebiscito. Ahora esas mismas voces se escandalizan ante el impacto de su propia irresponsable. Hay que hacerse cargo de la situación nacional tal cual es y trabajar con la unidad de las fuerzas transformadoras, por la mayor representatividad de la izquierda y la centroizquierda en el Consejo Constitucional de 50 miembros a elegirse en el primer semestre del año próximo. Su labor será fundamental porque la derecha sigue en su afán de reducir el ámbito de la institucionalidad a un Estado mínimo sometido a un mercado preponderante. Por eso, otra vez, el proyecto transformador propuesto por el Presidente Boric necesita la mayor votación de las fuerzas que lo apoyan, no sólo para poner término a la Constitución del ’80 sino que para correr los cercos de la institucionalidad que saldrá de este decisivo desafío democrático. Hay que perseverar, así se podrá cerrar definitivamente esta etapa de nuestra historia. Camilo Escalona Medina, secretario general del Partido Socialista de Chile.

Columna de opinión del secretario general, Camilo Escalona, en Cooperativa.    Luego de que la opción Rechazo ganara el plebiscito, del 4 de septiembre recién pasado, no se logra un entendimiento entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria para retomar el proceso constituyente y avanzar hacia una nueva Constitución, nacida en democracia. Las conversaciones se han alargado durante ya más de tres meses, pero no hay acuerdo. De hecho, las diferencias se acentuaron en el diálogo que se lleva a cabo en las instalaciones del que fuera edificio del Congreso Nacional en Santiago, hasta su disolución por la junta militar a fines de 1973. Tras esos añosos muros, testigos de tantas luchas políticas e ideológicas, estremecidos también por los terremotos propios del territorio nacional, la derecha tradicional pidió, a través del grupo “amarillos”, una demanda imposible: que el organismo redactor del nuevo texto constitucional fuese designado directamente por ambas Cámaras del Congreso Nacional. Como fuese el nombre del futuro órgano redactor Convención, Cabildo, Asamblea o Consejo, no era lo importante, tampoco sus perfiles territoriales o regionales, pero sí que sea designado a dedo. Con un descarnado reconocimiento de su objetivo y rudeza en sus procedimientos, la derecha desnudó sus propósitos, pero no ha podido imponerlos, son expresión del tutelaje autoritario y conservador en democracia, asegurarse el control y seguridad de la redacción por vía burocrática y administrativa, nada de votos ni recintos de votación, sino que garantizarse las designaciones desde ambas Cámaras del Parlamento. Después, ante el vacío en que cayó la exigencia del nombramiento a dedo, y como ultimátum, el viernes recién pasado la derecha exige una Convención o Asamblea mixta, mitad elegidos y mitad designados, con un sistema electoral que le favorece. De ese modo, se arrogan la propiedad del resultado en el plebiscito del 4 de septiembre y lo expresan en la pretensión de tener un total tutelaje sobre la redacción de la nueva Constitución. Así, la derecha sigue igual que durante la dictadura, mantiene su fidelidad a la esencia antidemocrática de la Constitución del ’80, pide “moderación” en el texto de la nueva Constitución negando el ejercicio de la voluntad popular y reclamando el control del proceso constituyente a través de miembros “designados” a dedo e imponiendo una capacidad de resolución al rol de los expertos que reedita la experiencia de los senadores designados, caducados en las reformas constitucionales del año 2005, así como, instalan otros procedimientos que reducen y minimizan la función de quienes surjan de la ciudadanía. Ahora bien, lo delicado está en que la piedra angular de la relación institucional entre las fuerzas políticas, particularmente, entre la izquierda y la derecha reside en el ejercicio y el respeto a la voluntad soberana que se expresa en las urnas. Esa es la base de la convivencia en democracia. Las diferencias relativas a proyectos de sociedad sólo podrán dirimirse, legítimamente, mediante la voluntad popular. Entonces, si ese fundamento central de la vida institucional cae en desuso o caduca debido a que la derecha no lo acepta, se instala un precedente sumamente grave porque el núcleo dirigente de la derecha, sus auténticos “controladores”, se establecen de facto como un factor de contención ultraconservador de los anhelos de cambio que se anidan en el alma de Chile. En efecto, el régimen democrático tiene como principio básico el reconocimiento que las diferencias de proyecto-país son legítimas y serán resueltas a través de la voluntad popular, ejercida en votaciones universales, libres y secretas. Esta es la clave del futuro democrático de la nación chilena. No se puede tirar por la borda. La civilización humana ha encontrado en el ejercicio de la voluntad soberana de las naciones la vía institucional capaz de tratar las diferencias cuando se intensifican al grado de incitar a una confrontación brutal. El golpe de Estado de 1973 fue, precisamente, el aplastamiento más brutal de ese principio fundamental. El Presidente Allende iba a intervenir en la entonces Universidad Técnica del Estado para convocar un plebiscito sobre las alternativas planteadas al país. El uso brutal de la fuerza lo impidió. La lección es clara, ante el posible ejercicio de la soberanía popular se impone la barbarie. En circunstancias tan decisivas como las que hoy vive Chile el valor de la soberanía popular es determinante. No es un misterio que las instituciones democráticas se han visto debilitadas en su legitimidad y muchos protagonistas de la contingencia actúan con tal desacierto o infortunio que no hacen más que aumentar el problema. Hay decisiones trascendentes para Chile que deben ser resueltas por la voluntad popular. Los males de la democracia se curan con más democracia, no puede ser que la derecha pida hacer dejación de un principio tan fundamental arguyendo en privado que los grupos ultraconservadores podrían desplazarlos electoralmente. La solución que propician es un procedimiento que niega la soberanía popular. Es imposible satisfacer una demanda que agrava tan profundamente el dilema que se pretende resolver. Ante el desacuerdo, la soberanía popular debe decidir. Camilo Escalona Medina, secretario general del Partido Socialista de Chile.